El novedoso horizonte legal de las impresoras 3D

Enlazo a un artículo recién publicado en ABC y elaborado conjuntamente por Pablo Fernández Burgueño, Jorge López Baqueriza y Jon Oleaga donde explicamos el reciente fenómeno de las impresoras 3D y sus implicaciones legales

La impresión 3D es la tecnología que permite que el usuario, por medio de un software específico, pueda diseñar y personalizar el modelo digital del objeto físico que desea obtener.

Artículo: Las impresoras 3D, un nuevo horizonte legal

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Mi experiencia con iMemento de Francis Lefebvre

He tenido la oportunidad de poder utilizar durante un periodo de dos meses el iMemento de Propiedad Intelectual e Industrial, el de Sociedades Mercantiles y el iMemento Penal para el ejercicio diario de la abogacía y el asesoramiento jurídico, y a continuación os expongo mis conclusiones.

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La cualidad que mejor define a los iMementos que tengo a mi disposición es la inmediatez. El mundo jurídico es muy vertiginoso, el profesional tiene que acostumbrarse a gestionar vastos volúmenes de información en poco tiempo y aunque la aptitud del profesional es muy importante, aquel que tenga la capacidad de gestionar más cantidad de información en menos tiempo, tendrá a su favor una valiosa herramienta que permitirá realizar su trabajo de una forma más completa y, sobre todo, más ágil. En el mundo del Derecho y concretamente en el ámbito del Derecho tecnológico, los clientes suelen demandar un asesoramiento multidisciplinar de manera inmediata y los profesionales del sector jurídico debemos tener a nuestra disposición herramientas que nos permitan tener información equivalente a una biblioteca al alcance de nuestra mano.

Otro aspecto que encuentro muy importante es la indexación de información. iMemento está dotado de un potente motor de búsqueda que permite localizar cualquier contenido que demandemos sobre las materias incluidas en el mismo. Esto facilita mucho el trabajo ya que con una simple búsqueda tenemos todos los títulos y fragmentos de la edición del iMemento donde aparece esta palabra y además nos la permite relacionar individualmente. Se permite la búsqueda por voces, por texto libre, por sumario y por número de marginal.

En mi experiencia con iMemento han resultado especialmente interesantes las herramientas de marcador y notas de texto. Estas funciones integradas permiten dejar marcadas partes que nos resulten útiles para nuestro caso o cliente concreto para volver a consultarlas con pasmosa velocidad posteriormente. Además existe la opción de incluir comentarios como, por ejemplo, anotaciones sobre la aplicación del fragmento particular que estamos analizando a nuestro cliente, o poder dejar redactada en borrador una cláusula en esta nota de texto.

Esta app permite la compartición de los extractos que nos interesen sobre una materia como, por ejemplo, los procedimientos en materia de dominios de Internet, con compañeros o enviárnoslos a través de Internet para poder utilizarlo en nuestros escritos o informes, o copiarlos directamente al portapapeles del iPad para tenerlos accesibles.

Un aspecto donde se ha tenido especialmente en cuenta la vertiginosidad de la profesión de la abogacía es la no obligación de tener conexión permanente a Internet para consultar contenidos, salvo para actualizar e instalar inicialmente el iMemento. Los abogados nos caracterizamos por desempeñar nuestra profesión en diversos sitios, como oficinas, juzgados, reuniones en empresas. La posibilidad de no necesitar obligatoriamente conexión a Internet es un plus muy importante, casi fundamental en mi opinión, ya que aunque dispongamos de una tarifa de datos en nuestro dispositivo, el volumen de cada iMemento dificulta su total descarga pero dado que el contenido del iMemento se descarga en el dispositivo y no se ofrece como SaaS, permite su acceso y utilización sin conexión.

Mi conclusión es satisfactoria. iMemento se ha convertido en una herramienta muy productiva para el uso profesional como abogado y se ha convertido en un recurso inestimable.

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Aspectos legales de una fusión de redes sociales

En este escenario dos empresas que tienen sendos proyectos de redes sociales (Llamémosles A y B para diferenciar) cuya base de datos está compuesta por usuarios segmentados por una afición o hobby determinado que interactúan a su vez con otros usuarios y con la plataforma, deciden unificar ambos proyectos de forma que uno integre al otro y uno se extinga (Llamemos C al proyecto resultante de la integración). La empresa propietaria del proyecto A será Z y la sociedad propietaria del proyecto B será Y. ¿Cuáles son exactamente sus consecuencias legales?

En primer lugar, analizamos los aspectos meramente mercantiles. El objetivo no es extinguir el proyecto A sino integrarlo en el proyecto B causando un único proyecto C, combinando los equipos y optimizando los recursos disponibles. Habrá que prever:

  1. Si alguna parte de la transacción realiza algún ingreso en el capital social de la otra en contraprestación por la fusión.
  2. Si se acuerda la futura constitución una nueva sociedad que aúne a los dos proyectos de manera independiente y la distribución de los gastos de constitución de la misma.
  3. La distribución de las participaciones sociales de la nueva sociedad cuya constitución resulta objeto del contrato de fusión. Por ejemplo: el 80% de las participaciones las obtiene la mercantil “Y” y el 20% restante se distribuye en partes iguales entre los miembros que componían el proyecto A.
  4. El grado de participación de los miembros del proyecto A en la Junta General de la sociedad pendiente de constitución, incorporadora del proyecto C. Es decir, las facultades que tendrán en la Junta General los miembros de cada proyecto y empresa, y si tendrán voz y voto, siempre en función de sus participaciones y lo expresamente pactado.

En segundo lugar los aspectos relacionados con protección de datos. La base de datos continente de los usuarios cuya extinción está prevista debe ser migrada al proyecto superviviente y esto, lógicamente, debe estar previsto lo más minuciosamente posible.

Los usuarios que conforman la base de datos de A deberán ser informados de la existencia de un tratamiento de datos, la finalidad del mismo, los derechos ARCO (Acceso, rectificación, oposición y cancelación) que le asisten, el cambio del titular del tratamiento y las consecuencias de la obtención de datos o, en su caso, de la negativa a suministrarlos. Si se produjese esta negativa, el usuario no podrá ser integrado en el proyecto B y sus datos serán convenientemente eliminados.

Los usuarios registrados en la base de datos de A deberán otorgar su consentimiento inequívocamente y, cuando esto suceda, serán migrados hacia B. El proyecto B facilitará el acceso a su base de datos de los usuarios inmigrantes para combinarlos y crear el proyecto C, que a su vez formará parte del activo de la nueva sociedad. Asimismo, es imprescindible establecer el deber de guarda de confidencialidad sobre la información suministrada por A referente al acceso y migración de datos en sus servidores.

En tercer y último lugar, los aspectos relativos a propiedad intelectual. “Y” será la propietaria del sistema de gestión de contenidos (CMS) y la plataforma tecnológica que conforma el proyecto A con la intención de implementarlo en el proyecto C.

La base de datos de contenidos pasará a ser propiedad del proyecto B y, posteriormente, de la nueva sociedad cuando se constituya, con una serie de particularidades:

  1. Los contenidos generados por los usuarios de A, consistentes en reseñas, comentarios, dibujos y material multimedia o transformaciones de éstos, entre otros, constituirán derechos de propiedad intelectual de los usuarios.
  2. La propiedad intelectual de los desarrollos informáticos creados para el proyecto A por parte de Z, corresponderá a ésta. Dado que se persigue la integración de A en una sociedad mercantil pendiente de constitución, Z permitirá la utilización de los desarrollos invertidos en A por Y respecto a este nuevo proyecto.

Una vez cumplidas las obligaciones estipuladas en el contrato, Z, empresa propietaria del proyecto absorbido, deberá cesar sus operaciones, obligaciones y derechos respecto a A en un plazo regulado contractualmente para favorecer la transición.

Artículo publicado en Legal Today: enlace

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El uso de medios telemáticos e informáticos como elemento de defensa en el proceso penal

El abogado de Abanlex Jorge López Baqueriza, asistió al curso “El uso de medios telemáticos e informáticos como elemento de defensa en el proceso penal”, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid cuyo ponente fue D. José Manuel Maza Martín, magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo.

En este curso, el magistrado explicó, a modo de introducción, como las nuevas tecnologías pueden servir tanto como elemento probatorio como objeto del delito; y que en el momento de la prueba es necesario demostrar el alcance del daño, por ejemplo en el caso de un equipo informático víctima de un ataque. La tendencia actual en las organizaciones delictivas es valerse de las nuevas tecnologías para delinquir dirigiendo su comunicación y organización interna a través de éstas. Además, destacó especialmente la importancia de las nuevas tecnologías en las labores de descubrimiento del delito y como herramienta de investigación del mismo.

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El Tribunal Supremo, mediante la Sentencia 321/2011 de 22 de junio de 2012, se pronuncia sobre el sistema de remuneración equitativa por copia privada en soportes digitales.

Las dos partes litigantes son, por un lado, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (“EGEDA”) y por otro lado, Freephone Exarquia, S.L. (“Freephone”). Freephone es una empresa dedicada a la adquisición y comercialización de diversos componentes informáticos y electrónicos susceptibles de múltiples usos como DVD’s. Ésta, tras ser condenada en primera instancia y, posteriormente, en apelación, recurrió presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con base en la infracción del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual donde, además, se solicitaba el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otro de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

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Artículo publicado en la revista DELIBROS: La propiedad intelectual se defiende

La revista DELIBROS acaba de publicar un artículo mío en el dossier “La Propiedad Intelectual se defiende: Comisión administrativa, canon y ley a la vista” en la edición de mayo. Os adjunto el texto de mi aportación así como el escaneado de algunas partes donde aparece la misma.

Quiero agradecer a DELIBROS, a María Ángeles Castillo, a Teresa Martín Peces y a Abanlex la oportunidad y el ofrecimiento de publicar el artículo.

Como siempre, cualquier crítica, sugerencia o halago será bienvenido 🙂

Espero que lo disfrutéis. Os incluyo el texto y algunas imágenes del artículo a continuación:



I. ¿Qué supone la llamada Ley Sinde-Wert para la protección de la Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor? 

La Ley Sinde-Wert es la denominación coloquial que se ha dado a un conjunto de normativas compuestas, sobretodo, por la disposición final cuadragésima tercera de la Ley de Economía Sostenible y el Real Decreto 1889/2011 por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

La Ley Sinde-Wert trata de aportar una solución ágil, en forma de procedimiento administrativo, para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de los autores que consideren que están siendo infringidos, a instancias de éstos.

II. Se ha criticado mucho que sea una comisión administrativa y no un juez quien decida el cierre de una web, ¿cuál es su opinión al respecto?

Anteriormente a la aprobación de la Ley Sinde-Wert ya existían mecanismos para la protección de los derechos de autor a través de la vía civil y la penal. Estos instrumentos eran efectivos pero el propósito ha sido la creación de un mecanismo rápido para dirimir estos asuntos.

El problema es que estos procedimientos anteriores eran lentos pero garantes de defender adecuadamente los derechos en juego. Baste recordar que los procesos judiciales se dilatan mucho en el tiempo, debido a la saturación actual de los Juzgados, para todos los ámbitos del Derecho y no solo para la Propiedad Intelectual. Ahora, la novedad va a consistir en utilizar la vía administrativa, a través de la Comisión de Propiedad Intelectual designada por el gobierno, para poder tramitar el procedimiento de salvaguarda de los derechos de Propiedad Intelectual en vez de ser un juez el que se encargue íntegramente del enjuiciamiento.

En este nuevo procedimiento el juez tiene presencia, pero solo interviene para autorizar la cesión de datos por parte de un intermediario una vez que se ha presentado la denuncia ante la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual cuando ésta solicita la cesión. Estos intermediarios pueden ser, por ejemplo, operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios de hosting o titulares de páginas web. Por tanto, el juez participa en este procedimiento de forma exigua y laxa.

III. ¿Y sobre el hecho de que hasta la fecha los jueces no determinaran el cierre de las páginas web?

Los jueces han condenado a algunas páginas webs y absuelto a otras. Como ejemplos menciono uno de cada:

  • Audiencia Provincial de Vizcaya en el caso contra Fenixp2p y Mp3-es. Se condenó a pena de cárcel e indemnización por el lucro obtenido derivado de la publicación de enlaces hacia obras protegidas.
  • Audiencia Provincial de Álava en el caso contra Cinetube. Sobreseimiento libre en base a que si el sitio que únicamente facilita enlaces será responsable si una vez que se tiene conocimiento formal de la ilicitud del contenido al que estos enlaces dirigen no responde a la petición de retirada, lo que conforma la denominada teoría del conocimiento efectivo.

Nuestro sistema judicial es imparcial y, en función de las circunstancias particulares de cada caso y el criterio del juez competente, se pronuncia de una manera o de otra. Cada fallo podrá ser más o menos debatible pero estos son siempre ajustados a Derecho.

Como comento anteriormente, lo que no me parece adecuado y considero pernicioso para garantizar los derechos de las partes enfrentadas es, si se me permite la expresión, “puentear” a los jueces para lograr una resolución más favorable a nuestra pretensión jurídica a través de una comisión administrativa designada por el Gobierno.

IV. ¿Cubre la Ley Sinde un vacío legal o todavía queda mucho por hacer? ¿Falta una nueva y definitiva Ley de Propiedad Intelectual adaptada al entorno digital?

Yo considero que no existía ningún vacío legal antes de la aprobación de la Ley Sinde. España es un país caracterizado por tener una sobreproducción legislativa en muchas áreas y aunque la Propiedad Intelectual no sea una de las materias reguladas por el mayor número de leyes, tiene una regulación suficiente y efectiva.

Otra cuestión es que haya que modernizar y/o adaptar determinados aspectos de la ley al nuevo entorno digital en el que nos movemos pero de eso también nos encargamos los abogados especializados en la materia que defendemos la postura de nuestro cliente interpretando la ley y adaptándola a las nuevas tecnologías emergentes.

V. Tal y como está planteada la Ley Sinde-Wert, ¿será eficaz en la lucha contra la piratería? ¿Qué dice la experiencia, los casos abiertos? ¿Habría otras fórmulas?

Es complicado anticiparse a las consecuencias de la aplicación de la Ley Sinde-Wert. Los abogados especialistas en la materia nos encontramos expectantes ya que la iniciativa por parte del Gobierno parece muy sólida pero el ingenio jurídico de los posibles infractores y de los abogados que les asisten no se debe menospreciar. Con la aplicación de este novedoso procedimiento se van a dar casos cuanto menos curiosos como el de Elitetorrent, página de enlaces hacia la que se está dirigiendo el procedimiento previsto por la Ley Sinde-Wert, pero que ha sido anteriormente absuelta en vía civil y vía penal por la controversia de los enlaces.

Como he indicado inicialmente, esta normativa no me parece necesaria. Megaupload, uno de los mayores infractores de derechos de Propiedad Intelectual a nivel mundial según las investigaciones y el escrito de acusación presentado por el Gobierno de Estados Unidos, ha sido clausurado y sus miembros acusados están pendientes de juicio, todo esto sin estar en vigor ninguna normativa como la Ley SOPA, PIPA o la Ley Sinde-Wert en el ámbito español. Todo esto solamente aplicando la normativa existente, lo que demuestra que los instrumentos jurídicos anteriores a esta normativa son plenamente eficaces.

VI. ¿Existe, como se dice, un choque entre las leyes de copyright y la realidad?

Hoy en día el escenario jurídico de los derechos de autor ha cambiado radicalmente. Previamente a la eclosión del mundo digital era más sencillo controlar la distribución de ejemplares de una obra y protegerla en caso de que se produjese la vulneración de algún derecho del autor. Hoy en día las reglas de juego han cambiado y no solo se deben adaptar los sistemas jurídicos protectores de estos derechos sino que los modelos de negocio actuales también deben adaptarse de manera progresiva, ya que no lo están haciendo al ritmo deseable.

Antes, el valor añadido que propiciaba que un comprador se decantase por un producto podía ser una portada de libro espectacular o un folleto interno a todo color en un disco pero ahora se demandan otros valores añadidos.

Por poner un ejemplo de valor añadido, hace poco tiempo adquirí un eBook Reader junto con una obra de Juan Gómez Jurado a un precio irrisorio, sobre 1,50€, y tuve una experiencia de lectura integrada en el social media increíble ya que este autor tiene mucha presencia en redes sociales. Mientras disfrutaba del libro, tenía la oportunidad de subrayar partes del mismo que me resultaban interesantes, comprobar las partes que estaban subrayadas por muchos lectores del mismo libro, y compartir y comentar estas citas con el autor vía Twitter, logrando una experiencia de lectura nunca antes vivida con la que entendí plenamente lo que significa el valor añadido de una obra en la era digital.

VII. ¿Tiene base jurídica la afirmación de que esta ley recorta derechos fundamentales como la libertad de expresión?

La libertad de expresión es una postura que puede ser defendible aunque no opino que pueda resultar fructífera en este contexto. Ésta se basa en que si una página de enlaces se convierte en red social, al existir información personal del usuario y comentarios de otros usuarios, se podría vulnerar la libertad de expresión de los mismos al bloquear o eliminar estos contenidos una vez requerida ésta por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

El asunto primordial es que si una página web aloja enlaces susceptibles de ser considerados infractores de los derechos de propiedad intelectual de terceros, con este procedimiento exprés puede lograrse su eliminación o bloqueo en un plazo aproximado de 3 meses o en un plazo más corto si el presunto infractor decide retirar el contenido supuestamente vulnerador de manera voluntaria.

VIII. Desde el punto de vista de un abogado, ¿por qué cuesta tanto que se respete la Propiedad Intelectual?

La Propiedad Intelectual es una clase de propiedad que está conceptuada como intangible y de naturaleza intelectual, lo que entraña más dificultades a la hora de protegerla puesto que un libro resulta infinitamente más sencillo de duplicar por un particular que, por ejemplo, un vehículo. Hoy en día con la digitalización de los libros y la música, entre otros, la globalización en la que estamos inmersos y la estructura descentralizada de Internet, resulta muy laborioso protegerla en el ámbito territorial de un país, por eso la tendencia debe ser tratar de protegerla a nivel supraterritorial a través de normativas armonizadoras transnacionales y convenios suscritos entre las partes interesadas.

Aparte de la necesaria adaptación y modernización de la industria cultural, que considero fundamental, no es menos cierto que en España escasea el entendimiento del esfuerzo que le supone a un autor la creación de una obra y opino que es necesario realizar una labor educativa en estos aspectos más intensa.

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Aspectos legales del Cold Start y Web Scraping

El “Cold Start” o “Arranque en frío”, según Wikipedia, es un problema potencial referido a los equipos basados en sistemas de información. Particularmente, el problema es que el sistema no puede extraer inferencias para los usuarios sobre los que aún no ha reunido suficiente información. Es decir, como el sistema no ha podido aunar un mínimo de datos sobre las preferencias del usuario, las deducciones que este sistema va a realizar para las recomendaciones van a ser nulas o poco fiables. Estas técnicas de recomendación segmentada y personalizada sugieren artículos como películas, libros, canciones, imágenes o páginas webs, entre otros, después de haber realizado un filtrado de información en el usuario con base a sus predilecciones.

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