Interceptación de comunicaciones electrónicas: Secreto de las comunicaciones (II)

El secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental y, en general, se regula en el art. 18.3 de la Constitución Española: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Comprende todo el contenido que se comunique, sea de carácter íntimo o no, y protege la comunicación realizada por medios técnicos y, como en este caso, por medio de las telecomunicaciones. Es un derecho de cualquier persona física o jurídica y al que se obliga a respetar de igual manera toda persona física o jurídica, bien sea pública o privada.

El secreto de las comunicaciones tiene delimitados unos límites, consistentes tal y como lo expresa la Constitución: “salvo resolución judicial”. No hay que perder de vista el art. 8.2 del Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, cuyo articulado establece que estas intervenciones judiciales estarán sujetas a los siguientes requisitos:

  1. Que estén previstas en una ley.
  2. Que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

La Constitución española, en su art. 55, se hace eco de dos supuestos en los que puede limitarse el derecho al secreto de las comunicaciones:

  1. Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio y;
  2. Cuando se trate de investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de estas facultades producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. En España, para justificar las escuchas no basta con el éxito de la investigación descubriendo un delito, sino que hay que matizar en indicios concretos previos la razón de las escuchas, que deben ser valorados por un juez.

En cuanto al requisito de motivación de la decisión jurisdiccional de interceptar las comunicaciones, la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 197/2009 de 28 de septiembre dictamina que:

Éstas deben explicitar, en el momento de la adopción de la medida, todos los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, en aras del respeto del derecho de defensa del sujeto pasivo de la medida pues, por la propia finalidad de ésta, la defensa no puede tener lugar en el momento de su adopción

La resolución judicial que acuerda una intervención telefónica ha de justificar la existencia de los presupuestos materiales habilitantes de la intervención: los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la posible comisión de un hecho delictivo grave y de la conexión de las personas afectadas por la intervención con los hechos investigados.

“Se considera insuficiente la mera afirmación de la existencia de una investigación previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál ha sido su resultado por muy provisional que éste pueda ser, afirmando también que la concreción del delito que se investiga, las personas a investigar, los teléfonos a intervenir y el plazo de intervención no pueden suplir la carencia fundamental de la expresión de los elementos objetivos indiciarios que pudieran servir de soporte a la investigación, ni la falta de esos indispensables datos pueda ser justificada a posteriori por el éxito de la investigación misma.

Debe determinarse con precisión el número o números de teléfono que deben ser intervenidos, el tiempo de duración de la intervención, quién ha de llevarla a cabo y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez de sus resultados a los efectos de que éste controle su ejecución.

Nuestra jurisprudencia ha admitido la motivación por remisión, de modo que la resolución judicial puede considerarse suficientemente motivada si, integrada con la solicitud policial, a la que puede remitirse, contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad.

Para dicho control no es necesario que la policía remita las transcripciones íntegras y las cintas originales, y que el Juez proceda a la audición de las mismas antes de acordar prórrogas o nuevas intervenciones, sino que resulta suficiente el conocimiento de los resultados obtenidos a través de las trascripciones de las conversaciones más relevantes y de los informes policiales.

El art. 33.1 de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones establece que “los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones”.

En la comunicación realizada en una red de telecomunicaciones, se debe garantizar, por tanto:

Continuando con la fundamentación legal, en al art. 33.2 de la misma ley, se expone que “los operadores están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Control Judicial Previo del Centro Nacional de Inteligencia”.

Según el art. 33.3 de la anterior ley, esta interceptación “deberá facilitarse para cualquier comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal específico que se determine a partir de la orden de interceptación legal, incluso aunque esté destinada a un dispositivo de almacenamiento o procesamiento de la información; asimismo, la interceptación podrá realizarse sobre un terminal conocido y con unos datos de ubicación temporal para comunicaciones desde locales públicos. Cuando no exista una vinculación fija entre el sujeto de la interceptación y el terminal utilizado, este podrá ser determinado dinámicamente cuando el sujeto de la interceptación lo active para la comunicación mediante un código de identificación personal”.

El art. 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que: “el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa”.

En los sucesivos puntos, la LECr establece que el juez podrá acordar, por resolución motivada, por un plazo de hasta 3 meses, la observación de las comunicaciones […] telefónicas de las personas sobre las que pesen sospechas. En caso de urgencia cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas elementos terroristas o rebeldes, la medida anterior, podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la observación.

Por último, la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, aclara que el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Este magistrado deberá acordar en el plazo de 72 horas, la concesión o no de la autorización solicitada. Por motivos de urgencia debidamente justificados, el plazo podrá ser de 24 horas.

 
Fuentes:
 
Secreto comunicaciones Wikitel
 
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