Entidades de Gestión (II): Resumen del Informe de la CNC

La CNC realizó en 2009 un informe sobre la gestión colectiva de derechos de autor, donde puso de manifiesto los principales problemas con el régimen actual, al que considera, en términos generales, de monopolístico. Dado que la situación que suscitó el informe apenas ha variado, creo necesario exponer sus puntos esenciales para entender cuales son los problemas del régimen actual.

El informe evidencia el elevado poder de mercado de las entidades de gestión, que realizan normalmente su actividad desde una posición monopolística, puesto que cada una de ellas gestiona un determinado conjunto de derechos que nadie más puede gestionar.

El contexto legal actual origina en España siete monopolios (ahora hay 8 entidades de gestión) que gestionan un conjunto diferente de derechos reconocidos menos en el caso del segmento de autores audiovisuales, donde existe un leve grado de competencia entre la entidad dominante, SGAE, y la minoritaria, DAMA.

Conflictos detectados

El informe constata la presencia de las barreras de entrada legales incluidas en la LPI y las barreras de entrada estratégicas que las entidades han establecido en un entorno regulatorio que no contrarresta su elevado poder de mercado.

Estas barreras de entrada legales vienen incluidas en la LPI, ya que incorpora unos requisitos para constituirse como entidad de gestión que han contribuido decisivamente a configurar el actual régimen de monopolios, y que dificultan la aparición de nuevos operadores que compitan con las entidades ya autorizadas:

  • La exigencia de autorización previa condicionada al cumplimiento de requisitos que introducen un elevado grado de incertidumbre, falta de claridad y subjetividad, y otorgan al Ministerio de Cultura un elevado margen de discrecionalidad en la concesión de autorizaciones. Todo ello impide la formación de otras formas de gestión colectiva distintas y que el mercado puede estar demandando, de forma especial en los ámbitos online.
  • La imposición de que la entidad carezca de ánimo de lucro en el ejercicio de una actividad fundamentalmente empresarial como es la gestión de derechos y de determinados requisitos estatutarios (art. 151 LPI), no se justifican por la defensa de los titulares de los derechos gestionados y, en todo caso, no deberían excluir la utilización de formas societarias mercantiles más adecuadas que la asociación para el desarrollo de actividades típicamente económico-empresariales.
  • La LPI impone la gestión colectiva obligatoria a través de entidades de gestión más allá de lo que obliga la legislación de la Unión Europea. Esta imposición legal elimina la libertad del titular del derecho para elegir entre la gestión individual o la colectiva (en cualquiera de sus formas materialmente posible), lo que gracias al progreso tecnológico es cada vez más factible, de forma especial en el ámbito online.

Tampoco existe un control ex-ante sobre las tarifas que las entidades de gestión fijan unilateralmente, bien a través de la introducción de obligaciones eficaces o a través de la supervisión de una autoridad competente, puesto que las facultades que la LPI asigna a las Administraciones Públicas son muy generales y ambiguas, y sin ningún poder sancionador. Este descontrol ocasiona que el proceso de negociación con los usuarios no garantice que las tarifas sean razonables y equitativas, ya que ante una falta de acuerdo, se aplicarán las tarifas generales fijadas previamente de modo unilateral por la entidad monopolística. La LPI no incluye obligaciones de transparencia sobre los repertorios o ámbitos de derechos efectivamente gestionados por las entidades, sobre los costes de gestión, sobre las cantidades no repartidas o sobre los contratos a los que llegan con usuarios individuales, lo que provoca problemas de información que afectan al equilibrio de la negociación.

Soluciones propuestas por la Comisión Nacional de Competencia 

  1. Debe eliminarse la obligatoriedad de la gestión colectiva a través de entidades de gestión en los casos en los que se impone en la actualidad, con la excepción de cuando dicha obligatoriedad venga impuesta por una Directiva europea.
  2. Debe sustituirse el actual sistema de autorización administrativa de las entidades de gestión colectiva por un sistema de simple registro.
  3. Debe eliminarse la obligación de que las entidades de gestión carezcan de ánimo de lucro, disponiendo de forma expresa que se pueden constituir bajo cualquiera de las formas jurídicas admitidas en Derecho.
  4. Debe garantizarse que el titular tenga mayor flexibilidad a la hora de determinar el alcance del contrato en términos de derechos, obras, territorios y utilizaciones, así como para establecer que el contrato pueda ser en términos no exclusivos y permitir al titular conservar la posibilidad de conceder licencias a la vez que la entidad, ya sea de modo directo o a través de otra entidad de gestión.

Conclusiones

A mi juicio son unas conclusiones bastante razonables y contundentes. Quiero hacer especial hincapié en el asunto de la obligatoriedad de gestión colectiva a través de entidades de gestión.

En plena era de la sociedad de la información, donde los bits tienden a fluir librememente y de manera descentralizada, cada individuo tiene mucho más margen de acción que antaño, pudiendo prescindir de los intermediarios para ofrecer su producto directamente de manera telemática a sus potenciales consumidores. Creo que un sistema de gestión colectiva tan anticuado y monopolístico no puede coexistir con los tiempos presentes. No creo en la erradicación de las entidades de gestión, ya que son necesarias y habrá un número de personas que acudan a ellas porque lo estimen conveniente, pero si que considero vital un aperturismo hacia otros modelos; se debe tener un approach más aperturista porque se nos esfuman alternativas de negocio que generan riqueza; se debe entender que la licencia Copyright es necesaria pero también lo es la licencia Creative Commons para quién la quiera utilizar; se debe entender que un autor es dueño y señor de la obra que genera y debe poder elegir libremente como va a disponer de ella o que uso le quiere dar, y no encontrarse con campos de minas legales en el caso de que decida la autogestión, prescindiendo de la gestión colectiva porque alguien no quiere adaptarse a los nuevos cambios y se sigue anclando a un modelo cada vez más baldío.

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